En los gremios docentes bonaerenses tomaron nota de la idea de María Eugenia Vidal de declarar a la educación como "servicio público esencial" para ponerle fin a los paros -adelantada por LPO-, pero creen que no tiene posibilidades de avanzar porque va en contra de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo.

Como reveló este medio, la gobernadora ordenó avanzar con un proyecto del lilito Guillermo Castello, presidente de la comisión de Educación de la Legislatura y enemigo acérrimo de los docentes, que pretende obligar a los gremios a garantizar el servicio de comedores, el cumplimiento de los días de clase estipulados por el calendario escolar y el establecimiento de una guardia mínima en las escuelas para que los padres dejen a sus hijos.

Vidal quiere convertir a la educación en "servicio público", para poner fin a los paros

La decisión de Vidal se da el contexto de una tensión extrema con los gremios y con una paritaria que todavía no está ni cerca de acordarse. El aval al proyecto de Castello se conoció el día que se cumplía la segunda jornada de paro de los sindicatos en la semana (el 21º día de protesta del año) y en medio de la conmoción y los reclamos por el secuestro y tortura de una docente de Moreno. 

En los gremios bonaerenses tomaron con cautela la noticia aunque aseguran que las chances de que avance son nulas. Según dijeron a LPO, esto es así porque chocaría de frente con los convenios 87 y 98 de la OIT a los que la Argentina adhirió y que tienen rango constitucional y jerarquía superior a las leyes.

El Comité de Libertad Sindical de la OIT, que interpreta en forma permanente los Convenios 87 y 98, ha establecido que la educación no es un servicio esencial, que según el organismo son aquellos "cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud" de la población. De eso se agarran los gremios docentes y otros como los del transporte para rechazar cualquier intento gubernamental de avanzar con la declaración. 

Aunque el Comité tiene algunas excepciones, Argentina adoptó el sentido estricto de la interpretación de la OIT y consideró servicios esenciales Ãºnicamente a los servicios sanitarios y hospitalarios; la producción y distribución de agua potable y energía eléctrica; los servicios telefónicos; y el control de tráfico aéreo  

"Esto va contra todas las recomendaciones de Comité de Libertad sindical de la OIT. Menos puede hacerlo una provincia", explicó a LPO una abogada especialista en derecho laboral. 

La idea de Castello no es la primera y en los gremios recuerdan que ya se le ocurrió al entonces vicegobernador Gabriel Mariotto en 2014 en plena pelea de los docentes con el gobierno de Daniel Scioli. El kirchnerismo también tuvo la idea de hacerlo en el caso del transporte público, aunque nunca pasó de la amenaza.

Hay otro antecedente a favor de los maestros. En el año 2000, la entonces ministra de Trabajo del gobierno de Fernando De la Rúa, Patricia Bullrich, firmó la resolución 480 por la cual declaraba la educación como servicio público. Ante un amparo de CTERA, la justicia determinó que fue inconstitucional y la OIT ratificó que la educación no es un servicio público esencial.

A menudo desde los gobiernos suele mencionarse el caso de Ecuador que adoptó a la educación como servicio público esencial, pero lo hizo mediante una reforma constitucional, algo imposible en el contexto actual local, donde ni siquiera una ley alcanzaría porque los convenios tienen jerarquía superior.